Macri y Venezuela

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Luis Almagro no es un político latinoamericano cualquiera. Fue elegido Secretario General de la OEA hace ya más de un año, prometiendo “más derechos para más latinoamericanos”. Muchos –incluido yo mismo- creímos que sería “más de lo mismo”. Sin embargo, sorprendió haciendo algo que casi nadie en América Latina hace: cumplió sus promesas.

Como lo hizo la semana pasada, cuando presentó un informe completo sobre la situación de la Democracia y los Derechos Humanos en Venezuela, e inmediatamente después, invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la mayor condena moral que puede ser aplicada sobre un país en el Hemisferio.

Pero para que dicha condena se haga efectiva, los países tienen que votar. Uno creería, viendo el cambio de rumbo que vive Argentina, que Mauricio Macri debería ser el primer Presidente de la región en respaldar la acción del Secretario General de la OEA, dada la dirección Argentina está tomando. En el pasado, Macri nunca dudo en hablar claro sobre Venezuela, ni cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni como candidato. Incluso, siendo candidato, ya había prometido invocar él mismo la carta democrática al llegar al poder. Fue, en definitiva, uno de los primeros líderes políticos del continente en denunciar encarcelamientos ilegales de su amigo Antonio Ledezma – ex Alcalde de Caracas -, y de Leopoldo López.

Y cuando todos creíamos que Argentina tomaría ese tan ansiado liderazgo regional basado en la defensa de la democracia y los derechos humanos, cumpliendo sus promesas de campaña, algo cambió.

El primer episodio desconcertante ocurrió cuando Susana Malcorra bajó el tono respecto a la situación en Venezuela, pocas horas después de las elecciones legislativas en dicho país en donde la oposición salió triunfadora. El segundo, un mes atrás, cuando en el seno del Consejo Permanente de la OEA, Malcorra no mencionó palabras como “derechos humanos”, “presos políticos”, o “libertad de expresión”. El tercero, la semana pasada, cuando el Embajador Argentino ante la OEA, Juan José Arcuri, trató de anticiparse a las acciones de Luis Almagro, promoviendo una resolución del Consejo Permanente la cual nada decía sobre la situación crítica del país andino.

El problema, como ya fue ampliamente reportado en los medios, radica en la candidatura de Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas. Según se comenta, la canciller habría cultivado el apoyo de Venezuela, lo cual es incompatible con el apoyo a la aplicación de la Carta Democrática que propone Luis Almagro.

Y esto nos lleva al cuarto episodio, de aún mayor gravedad, que fueron las declaraciones de la propia Malcorra la semana pasada, cuando dijo “existe una percepción de milagro detrás de la cláusula democrática”, que la misma no va a solucionar los problemas de los venezolanos, y que dichos problemas deben ser resueltos por los venezolanos. Una serie de frases que no solo demuestra su desconocimiento sobre la situación en Venezuela, ya que desestiman el hecho que más de dos millones de venezolanos firmaron pidiendo un referéndum revocatorio; y que, sobre todas las cosas, ponen en duda la propia Carta Democrática y la importancia de los mecanismos establecidos en ella para abordar este tipo de alteraciones del orden democrático en los países.

Curioso, por decir lo menos, que quien aspira a dirigir las Naciones Unidas demuestre tan poca estima por uno de los documentos centrales de la OEA, organización hermana de la ONU.

La próxima semana comienza la Asamblea General de la OEA en República Dominicana. Se espera—siempre y cuando Argentina, que preside el Consejo Permanente de la Organización, lo decida—que la aplicación de la Carta Democrática sea objeto de discusión. En ese momento, Mauricio Macri deberá tomar una decisión: decidir si el camino para reinsertar al país en el mundo es a través de un puesto en Naciones Unidos, o a través de la defensa integral de la democracia y los derechos humanos.

De Macri depende, y de nadie más, el tipo de liderazgo que Argentina tendrá en la región. De Macri depende, y de nadie más, qué tipo de estadista quiere ser. O si prefiere, olvidando por completo su promesa de campaña, sus valores y sus principios, no ser un estadista en absoluto.

* Ezequiel Vázquez-Ger es consultor político en Washington DC. Twitter @ezequielvazquez.

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El ‘diálogo’ en Washington

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Oliver Sánchez tenía 8 años. Murió el pasado martes resultado de un cáncer, el cual no pudo tratar debido a la falta de medicamentos en Venezuela. En febrero, había participado junto con sus padres de una protesta en contra de la falta de medicamentos en el país. Portaba un cartel que decía “Quiero curarme. Paz. Salud”.

Y todavía, inexplicablemente, hay gente que cree que el problema en Venezuela es político. Que se trata de una disputa de poder, y como en toda disputa de poder, se puede llegar a una solución a través del diálogo.

Por ejemplo, Susana Malcorra, la canciller argentina, estuvo en Washington hace pocas semanas en una reunión especial del Consejo Permanente de la OEA. Durante su intervención, no hizo mención a las violaciones de los derechos humanos, ni a los presos políticos, ni a la falta de libertades y la ausencia de división de poderes. Malcorra viajó especialmente a Washington a promover un “diálogo” con Unasur como mediador. Malcorra quizás se encontraba ocupada en Naciones Unidas cuando en 2014 ese diálogo ya se intentó, y fracasó, pero –valga la redundancia- no por culpa de la oposición.

Días después de las declaraciones de Malcorra, Unasur, de la mano de Ernesto Samper, pidió diálogo en Venezuela. Los expresidentes Rodríguez Zapatero de España, Torrijos de Panamá y Fernández de República Dominicana, viajaron a Venezuela y se reunieron con Maduro. Pero ni Samper ni Zapatero ni Torrijos ni Fernández se pronunciaron sobre la situación humanitaria del país, ni pidieron la liberación de los presos políticos, ni que el Consejo Nacional Electoral aprobara la entrega de firmas para iniciar el proceso del referéndum revocatorio.

Peor aún, algunos le brindan al gobierno un micrófono para repetir mil y una vez una mentira que cuesta vidas, vidas como la de Oliver. El pasado Jueves –dos días después de la muerte de Oliver- una respetada organización de Washington llamada El Diálogo Interamericano – también conocido como El Diálogo, justamente – , organizó una conferencia con el embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez. Durante el evento, Álvarez negó la existencia de una crisis humanitaria, es decir, negó a Oliver, negó la realidad. Negó el diálogo.

Curioso es el hecho de que el evento en El Diálogo tuvo lugar el mismo día y casi al mismo tiempo, que otra conferencia, en la ONG Freedom House, en donde Diana López expuso sobre la situación de su hermano, Leopoldo López. Mientras en El Diálogo Álvarez decía que López era un criminal y debía estar preso; en Freedom House, Diana decía lo que todo el mundo sabe: Leopoldo López es un preso político.

Curiosidades de Washington, una ciudad en la que aparentemente algunos –pocos- todavía tienen miedo a decir lo obvio: que en Venezuela no hay democracia, hay una dictadura; en Venezuela no hay una guerra económica, hay una crisis humanitaria. Y con una dictadura que se niega a recibir ayuda humanitaria internacional, en un país donde sus habitantes mueren de hambre y por no tener medicamentos, es difícil imaginar que el diálogo sea posible.

Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas. Twitter: @ezequielvazquez

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Censura, corrupción y crisis fiscal en Ecuador

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Desde su llegada al poder en 2007 Rafael Correa se ha caracterizado por su corte autoritario. Mucho se ha escrito sobre sus ataques a la prensa, la corrupción, y más recientemente, el mal manejo de la economía. Pero no fue sino hasta el pasado 16 de Abril, cuando un terremoto de magnitud 7.8 afectó a gran parte del país, que mucha gente comenzó a entender que, en momentos de crisis, los problemas políticos y económicos tienen efectos directos sobre la vida de las personas.

Luego del terremoto, muchos medios de comunicación, atados de manos y por miedo a sanciones, tardaron más de 24 horas en comenzar a informar y reportar sobre lo que estaba pasando. Ello por que la ley de comunicaciones prohíbe y amenaza con severas sanciones a quienes publiquen información que pudiese alterar el orden público. A consecuencia de esto, tanto dentro como fuera de Ecuador, la gente tuvo que vivir horas de total incertidumbre sin poder conocer la verdadera magnitud del sismo.

Ante la falta de información y la tardía respuesta del gobierno, la sociedad civil comenzó a organizar diferentes canales de ayuda a través de las redes sociales, una de las más claras expresiones de la actitud solidaria del pueblo ecuatoriano. La respuesta del gobierno, lejos de apoyar estas expresiones solidarias y estos esfuerzos, no hizo más que amedrentar, amenazar y coartar a muchos que intentaban ayudar. Alcanza con escuchar las amenazas del propio Rafael Correa de enviar a prisión a quién se quejase.

El pasado 26 de Abril, el Gerente General de la empresa estatal Petroecuador fue detenido al intentar salir del país con más de 100 mil dólares en efectivo. Esto ocurrió luego de que su nombre apareciera directamente relacionado a una serie de empresas en Panamá las cuales habían sido beneficiarias de contratos millonarios con la petrolera estatal. Para sorpresa de pocos, Bravo fue inmediatamente liberado. Este y otros reportes de prensa posteriores, dejaron a la luz los altísimos niveles de corrupción y despilfarro de dinero público que desde hace años existen en el sector petrolero del país, sector que fue, durante los gobiernos de Rafael Correa, la principal fuente de ingresos del país.

Pero la corrupción está presente también en otras áreas estratégicas. Por ejemplo, el gobierno ecuatoriano se encuentra negociando con el Gobierno de Dubai la construcción de un nuevo puerto de aguas profundas, a pocos kilómetros del Puerto de Guayaquil. Dichas negociaciones incluyen cláusulas perjudiciales para la industria exportadora. El Presidente de la Asociación de Exportadores de Banano dijo que el nuevo puerto incrementaría los costos de transporte, restando competitividad a la industria. Pero el interés del gobierno ecuatoriano no parece ser el de proteger la competitividad de sus industrias, sino sus propios intereses personales: una firma de abogados de la cual el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, es socio activo, se encuentra en el medio de la negociación.

Durante las presidencias de Rafael Correa entre 2007 y 2015 los ingresos petroleros llegaron a los 80 mil millones de dólares. Un monto comparativamente abultado, si se tiene en cuenta que los ingresos petroleros del periodo 1993-2006 rondaron los 22 mil millones. Sin embargo, su negativa a mantener un fondo anti cíclico para momentos de crisis dejaron al país en una situación de vulnerabilidad. Economistas estiman que, ante el terremoto, el gobierno cuenta con menos de $150 millones de dólares en efectivo en las arcas fiscales. Esta irresponsabilidad, una vez más, muestra su peor faceta en una emergencia.

¿Cuántas vidas más se pudieron haber salvado si el gobierno contase con mayores recursos económicos?, ¿o si durante estos años no se hubiese dilapidado tanta plata en actos de corrupción?, ¿o si en lugar de atacar a la solidaridad de la sociedad civil, se la hubiese promovido activamente?

Cuando dentro y fuera de Ecuador se defiende la libertad de expresión, cuando la prensa denuncia casos de corrupción, cuando expertos critican el camino en el que se está dirigiendo la economía, no es por un simple capricho con un presidente que puede o no gustar. Es por que la falta de libertad de expresión, los altísimos niveles de corrupción y el irresponsable manejo económico, en circunstancias como estas pueden costar la vida de miles de personas.

* Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas. Twitter@ezequielvazquez

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Macri y el fin del relato

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Mauricio Macri llegó al poder con un slogan: “Cambiemos”. Los argentinos votaron por ese cambio, y el cambio no se hizo esperar. En menos de tres semanas, a través de una serie de medidas, el nuevo gobierno comenzó a desarmar el “relato kirchnerista”.

Los doce años anteriores pueden caracterizarse de la siguiente forma: en materia económica, los Kirchner llevaron adelante un modelo restrictivo e inflacionario, maquillando las deficiencias a través de la manipulación –o no publicación- de las estadísticas oficiales. En materia de política exterior, se produjo un alineamiento con regímenes no-democráticos, tanto en América Latina como en el resto del mundo. En lo que a las libertades, la institucionalidad y la democracia respecta, se implantó un modelo autoritario que sistemáticamente intentó coartar la libertad de expresión, controlar la justicia, y utilizar los bienes públicos como propios, llevando al país a niveles de corrupción nunca antes vistos.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003, lo hizo con un tipo de cambio ubicado cerca de los 4 pesos por dólar. Doce años después, su esposa Cristina Kirchner, abandonó el gobierno dejando una economía distorsionada, con diversos tipos de cambios que fluctuaban desde los 6 pesos por dólar, al cual estaban obligados a liquidar los exportadores de ciertos productos, reduciendo drásticamente la competitividad del sector; pasando por un cambio oficial de 9 pesos por dólar, al cual en la práctica muy poca gente tenía acceso, y el paralelo, llamado “blue”, de acceso irrestricto, que llegó hasta los 16 pesos por dólar. En poco más de una década, los Kirchner devaluaron la moneda en un 300%.

Durante su primer semana en el poder, y cumpliendo sus promesas de campaña, Macri dio un giro total al modelo “K”. Primero, a través de la eliminación de las retenciones a las exportaciones las cuales significaban un freno total al sector exportador y a las economías regionales. Segundo, liberando el tipo de cambio, lo que llevó –a diferencia de lo que sus críticos anunciaban- a un fortalecimiento del peso. Y tercero, a través de la normalización del Instituto Nacional de Estadísticas, que en palabras de su nuevo Jefe, había sido “arrasado” por la administración anterior.

A fines del 2009 el gobierno de Cristina Kirchner logró aprobar una ley de medios de comunicación cuyos objetivos eran claros: desmantelar a Grupo Clarín y disciplinar a otros grupos de medios. Dicha ley estableció también la creación de una oficina llamada AFSCA –organismo encargado de llevar a cabo la implementación de la ley-, el cual hasta hace pocos días atrás estuvo encabezado por un militante kirchnerista, Martín Sabbatella, y cooptado por la agrupación política que él encabeza. Durante el mandato de Sabbatella, el AFSCA se convirtió en uno de los principales verdugos de la libertad de expresión en el país, imponiendo sanciones arbitrarias a medios no adictos al gobierno y aplicando la ley de manera selectiva.

Mientras algunos empresarios cercanos al poder se vieron beneficiados por Sabbatella, otros como Grupo Perfil -a quién se le negó la posibilidad de obtener licencias de televisión digital-, o Grupo Clarín, a quién se le aplicó a mayor cantidad de sanciones y se le negó arbitrariamente su plan de adecuación a la ley, fueron asfixiados hasta el último día.

Días atrás, Mauricio Macri decidió intervenir el AFSCA, sosteniendo, entre otras cosas, que la misma se había convertido en una caja para financiar la militancia política. Al mismo tiempo, ordenó una auditoría para investigar compras, contrataciones, juicios, y la polémica política de recursos humanos del organismo. La medida fue apoyada por la gran mayoría de los sectores políticos del país.

Si bien Argentina nunca formó parte del bloque de países pertenecientes al ALBA, Cristina Kirchner nunca ocultó sus preferencias por el tipo de régimen que existe en Venezuela. Ya sea por razones ideológicas, o por negocios poco transparentes, las relaciones entre ambos países se vieron marcadas por hechos de corrupción y por el silencio cómplice ante las evidentes violaciones a los derechos humanos.

Durante su campaña Macri ya se había pronunciado sobre la grave situación que atraviesa Venezuela, y había anunciado que tras asumir, llevaría el tema al Mercosur. Así lo hizo la semana pasada, convirtiéndose en el primer presidente en funciones de América Latina en pedir abiertamente y frente a sus pares de la región, la liberación de todos los presos políticos.

Mauricio Macri representa una nueva forma de hacer política y de gobernar. Dejando de lado las ideologías de izquierda o derecha, Macri parece decidido a mirar hacia adelante, centrando su accionar en políticas públicas modernas, al servicio de la gente y no de algunos sectores; respetando la institucionalidad y construyendo sobre ella; escuchando las voces críticas y aprendiendo de los errores.

Algunos pocos, que hicieron del kirchnerismo un culto y de la militancia una religión, que irrespetaron leyes y abusaron de su poder, querrán ahora convertirse en los paladines de la democracia y denunciarán cada acción del nuevo gobierno que tienda a cambiar el modelo autoritario que ellos implantaron. El éxito de Macri no solo dependerá de su capacidad para llevar adelante políticas transformadoras, sino también de su habilidad para comunicar a todos los argentinos – y también al mundo- que estos cambios no solo son necesarios para sacar adelante a un país estancado, sino indispensables para recuperar ciertas instituciones democráticas que el kirchnerismo avasalló.

Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas. Twitter @Ezequielvazquez

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Rafael Correa: El enemigo de internet

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Desde inicios de su gobierno, Rafael Correa ha sido implacable contra la libertad de prensa. Ello a través de la confiscación de canales de televisión, sentenciando a diarios y periodistas, cooptando medios a través de empresarios amigos, y aprobando leyes que restringen al máximo el trabajo de los periodistas. Pero Correa también ha sido implacable contra los derechos digitales de los ecuatorianos, llevando la censura y la persecución al ámbito de internet.

Lo ha hecho sistemáticamente a través de varias técnicas: el uso abusivo de normas de copyright para suspender cuentas de Twitter, tumbar sitios webs y borrar contenido; perseguir judicialmente a periodistas y activistas que utilizan las redes para expresarse; espionaje y hacking contra periodistas y opositores; y la creación de un ejército de “trolls” dirigido a difamar y estigmatizar a la voces críticas. Veamos algunos ejemplos.

El pasado 14 de Diciembre el Senador estadounidense Patrick Leahy pronunció un discurso en el cual alertaba a sus colegas Senadores sobre la falta de independencia judicial en Ecuador, y en específico sobre los ataques sufridos por la Asambleísta y líder indígena, Lourdes Tibán. Dichas declaraciones fueron reproducidas por Tibán en su cuenta de Twitter. El gobierno de Ecuador, a modo de represalia, consideró que los tweets de Tibán constituían un abuso y pidió a Twitter la suspensión de la cuenta de la Asambleísta. Al día de hoy, Tibán no ha podido recuperarla.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa intenta suspender cuentas de Twitter o censurar contenido periodístico en internet. La ONG Fundamedios ha reportado que en los últimos meses Twitter también a cerrado las cuentas del corresponsal de The Economist en Ecuador, Stephan Kuffner, y de la periodista María Fernanda Egas, que aún permanece cerrada, entre muchas otras.

En reiteradas ocasiones, sitios webs completos han sido dados de baja. Un ejemplo es el del portal de investigación Focus Ecuador, el cual permaneció caído durante varios días debido a que el servidor que lo alojaba dio lugar a reclamos de copyright planteados por la empresa española Ares Rights en representación de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador

Los sitios webs del medio digital La República, del canal de televisión Ecuavisa, y de la revista Vistazo fueron dados de baja durante largas horas en junio de este año, mientras transmitían en vivo las protestas sociales que se desarrollaban en Ecuador. El portal de Fundamedios fue tumbado durante 48 horas también en Junio.

En algunos casos, los ataques de Rafael Correa han llegado a niveles judiciales. El 11 de noviembre pasado, Sebastián Cevallos, subdirector nacional del Movimiento Unidad Popular, fue sentenciado judicialmente a 15 días de prisión tras haber denunciado en Twitter un caso de corrupción. El periodista Roberto Aguilar, quién dirige el blog “Estado de Propaganda”, fue llamado a confesión judicial por parte del Secretario de Comunicaciones, Fernando Alvarado, quién consideró que Aguilar lo había calumniado con sus comentarios en las redes sociales.

Quizás más grave aún es la utilización por parte del gobierno de un aparato de inteligencia dirigido a intervenir y monitorear correos electrónicos y conversaciones de periodistas, políticos y opositores. Una investigación deCitizen Lab demuestra cómo periodistas y activistas ecuatorianos han sido atacados de modo sistemático. Esta denuncia se suma al ya conocido caso de “Hacking Team”, la empresa italiana que habría sido contratada por los servicios de inteligencia ecuatorianos para penetrar cuentas de opositores. Diversos medios digitales de Ecuador que han denunciado el caso de Hacking Team, de hecho, han sido hackeados y dados de baja temporalmente.

La información extraída por los hackers ha sido utilizada por el gobierno de modo estigmatizante. Algunos días atrás, el canal público Ecuador TV acusó al periodista Martín Pallares de haber viajado a Estados Unidos en busca de financiamiento para su nuevo emprendimiento digital, relatando detalles de las reuniones que allí sostuvo, detalles que solo pudieron haber sido obtenidos a través de un hackeo a su cuenta de email. Algo similar ocurrió a comienzos de 2014, cuando el diario gubernamental El Telégrafo publicó información obtenida de la cuenta de email de la líder opositora Martha Roldós.

Organizaciones internacionales han alertado sobre estas situaciones. El último informe de “Libertad en Internet” de Freedom House, por ejemplo, alertó sobre la creciente inversión del Gobierno de Rafael Correa en acciones de espionaje cibernético contra sus ciudadanos, así como también sobre el abuso de las leyes de copyright para dar de baja contenido crítico al gobierno.

Es posible que empresas como Google, Twitter y otras no estén al tanto de muchos de estos abusos. La falta de conocimiento sobre las circunstancias puntuales de un país, hacen que muchas veces se cometan errores y se continúen dando de baja cuentas, videos y contenidos que incomodan al gobierno. Revisar y revertir esta situación sería un gran aporte de estás empresas a la defensa de la libertad de expresión en Ecuador.

Ezequiel Vázquez-Ger es director del Centro de Investigación Periodística en las Américas. Twitter @Ezequielvazquez

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Ecuador: turbulencia en el horizonte

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Rafael Correa ha llevado al país a una situación de fragilidad económica e inestabilidad política

Pocos días atrás en su cuenta de Twitter, el Presidente Correa reconoció la dificultad económica que vive el país y lamentó no contar con el tipo de cambio como herramienta de política monetaria. Si bien en el pasado Correa se había negado a abandonar la dolarización, ello no fue debido a su convicción personal sino a los altísimos niveles de aceptación popular del sistema actual.

A Correa la dolarización le significa una traba en su proyecto populista, pero una salida del sistema podría intensificar el clima de tensión que se vive actualmente. Es que Ecuador se encuentra en una crisis. En lo económico, el exponencial crecimiento del gasto público, los altos niveles de corrupción visibles principalmente en los faraónicos pero inconclusos proyectos de infraestructura, el insostenible déficit y el grave error de no haber creado un fondo anticíclico durante los años de bonanza, han dejado al país indefenso ante el nuevo escenario con precios del petróleo a la baja.

Informes internacionales así lo indican. Un reporte reciente de Bank of America /Merrill Lynch presenta un panorama de extrema fragilidad para el país en términos macroeconómicos, y sugiere que Ecuador podría ser la próxima “Grargentina” (Grecia-Argentina). Del reporte se desprende tres datos insoslayables. Continue reading

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Guía para entender las elecciones en Venezuela

Ezequiel Vázquez-Ger | El País

Cuando un gobierno controla todos los poderes y los recursos, ir a votar deja de ser un acto democrático para ser un acto de rebelión

El 6 de diciembre habrá elecciones legislativas en Venezuela. No serán elecciones democráticas porque el fraude no solo ocurre ese día. Comienza mucho antes.

Veamos algunos ejemplos.

Presos políticos
El líder de la oposición Leopoldo López se encuentra detenido sin sentencia judicial hace más de un año. Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, ambos ex alcaldes electos, también están detenidos bajo prisión domiciliaria. Los tres se suman a una larga lista de jóvenes, estudiantes, políticos, militares y simples ciudadanos que aún se encuentran presos por haber participado en protestas el año pasado.

Inhabilitaciones
En Venezuela no solo hay presos políticos, también hay políticos inhabilitados para competir. María Corina Machado fue desplazada ilegalmente de la Asamblea Nacional el año pasado. Luego de destituirla, el gobierno ordenó la prohibición de salida del país en su contra. Semanas atrás fue inhabilitada para participar en las elecciones legislativas sin fundamento legal alguno. Eso no solo significa una violación a sus derechos políticos, sino también una violación al derecho de los venezolanos a volver a elegirla como su representante en la Asamblea Nacional. Continue reading

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